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RESPONSABILIDAD CIVIL DEL FUNCIONARIO PÚBLICO

Tomamos conocimiento a  diario, de hechos públicos que tienen en investigación penal a varios ex funcionarios públicos, quienes, en ejercicio de su función “habrían” cometido ilícitos penales que están en etapa de investigación judicial, y en virtud del cual se habrían ocasionado elevados perjuicios económicos a las arcas provinciales y Nacional.  Este es el tema.-

  1. ¿Se agota el tema con la investigación y eventual sanción penal?

Los hechos, en virtud de los cuales  varios ex funcionarios, y empleados públicos se habrían beneficiado económicamente, con acciones ilegales, perjudicando al fisco , y  obteniendo elevadas sumas de dinero,  ya han sido  ampliamente tratados por los medios periodísticos  y redes sociales.   Las acciones penales iniciadas contra ellos, también han sido ampliamente publicitadas, incluso  la detención de varios de ellos.

Me abocaré en el presente, sucintamente, a  otro tema que nos preocupa sobremanera, y es analizar si corresponde que el  Estado accione intentando la reparación de los daños,  y  la recuperación de ese dinero mal habido por parte de estos funcionarios  y empleados públicos,  que con su comportamiento reprochable ética y jurídicamente, habrían perjudicado al patrimonio del Estado provincial.

En realidad este es un tema que nos ha preocupado desde siempre, la  forma  en como se mal gasta el dinero del Estado, Nacional  y provincial; o mejor dicho el perjuicio que sufren ambos, Nación y Provincias, por la actitud ilícita de sus funcionarios públicos.

Hasta el momento no hemos visto que la Nación o Provincias  inicien las demandas resarcitorias correspondientes contra sus funcionarios corruptos o incompetentes; pero advertimos que el País  viene madurando, y sus instituciones también, con lo cual se avecina una  nueva etapa, que sería la del  resarcimiento al Estado por parte de los funcionarios y empleados que lo perjudicaron.

Con ello queremos decir que, lejos está de agotarse el tema con la sanción penal que se ejerce contra estos funcionarios corruptos, desleales o simplemente incapaces.  Debemos avanzar hacia el resarcimiento de los daños ocasionados, y hacemos votos en tal sentido, para lo cual estamos dispuestos a colaborar desde nuestro puesto de trabajo.  

No hace falta ser muy lúcido para tomar razón que todo ese dinero que se mal gasta, o se perjudica al estado, es dinero que falta en salud, seguridad  y educación; por ello es un compromiso de la sociedad en su conjunto que exijamos a nuestros dirigentes políticos que impulsen las medidas judiciales pertinentes para intentar recuperar el dinero que le fue sustraído a cada estado provincial o Nacional.

  • Se encuentra prevista la reparación de daños generados por funcionarios públicos?

La primer pregunta que podría hacerse el lector, es ¿cuenta el gobierno con los medios legales correspondientes para reclamar los daños ocasionados por sus funcionarios públicos inescrupulosos, incompetentes, o simplemente , delincuentes?.

El art  76 de la Constitución de la Provincia del Chaco, podría comenzar por hacer rumbear a nuestra dirigencia  política; el cual textualmente reza:

“..La provincia  y sus agentes son responsables del daño que éstos causaren a terceros por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, a menos que los actos que lo motiven  hubiesen sido ejecutados fuera de sus atribuciones, en cuyo caso, la responsabilidad será exclusiva del agente o los agentes que hubieren originado el daño…”

“…El estado Provincial, demandado por los hechos de sus agentes deberá recabar la citación a juicio de estos para integrar la relación procesal, a efectos de determinar las responsabilidades que les competan. El funcionario o representante  que omitiere tal citación responderá  personalmente por los perjuicios causados, sin menoscabo de las sanciones que les pudieren corresponder. …”.-

Existe frondosa doctrina  y jurisprudencia que avala  la procedencia de las acciones judiciales resarcitorias contra  estos funcionarios que actuaron perjudicando las arcas del Estado, ya sea en beneficio propio, o por ser simplemente incompetentes; no obstante ello, no vemos, con la frecuencia que desearíamos, que desde el Estado Nacional y provinciales, se lleven a cabo las acciones civiles indemnizatorias contra estos malos funcionarios públicos.

Hemos visto estos últimos años, sumas millonarias por las cuales se ha perjudicado al Estado, rutas cobradas  y no realizadas, impuestos correspondientes a combustibles, cobrados y no  ingresados al fisco, dilapidación de dineros públicos en pautas publicitarias  sobrefacturadas, y asistencia social no cumplida,  etc. ;  son algunas de las cuestiones que a diario toman estado  público.   No obstante ello, todo queda reducido a  las acciones penales que se inician contra estos funcionarios públicos, sus  detenciones y allanamientos;  cuyas causas   luego se diluyen  en el tiempo, y jamás se inician las acciones  resarcitorias correspondientes, para que el  Estado pueda recuperar los  daños sufridos.

Al respecto es ilustrativa por la profundidad de su contenido lo dicho por el Dr. Juan Ramón Smaldone al votar la causa antes relacionada “Gobierno de la Provincia de Entre Ríos c/ Battauz, Osvaldo Emilio y Otros s/ Ordinario” en el sentido de que: “…la responsabilidad civil de los funcionarios públicos entrerrianos sólo puede concretarse en sede judicial y las conclusiones alcanzadas por el órgano administrativo, a su turno elevadas a la Fiscalía de Estado, carecen en absoluto del atributo o autoridad propios de la cosa juzgada…”.  Ello significa, en buen romance, que más allá del visto bueno que pueda haber brindado la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, o las Fiscalías de Investigación preparatoria, ellas no obstan a que los malos funcionarios puedan ser demandados civilmente por el Estado y sean obligados a reintegrar los dineros mal habidos.  

Motivos de espacio no me permiten ampliar  el tema, pero con estas líneas debería  ir campeando  la idea, en la sociedad,  de exigir  a nuestros gobernantes que impulsen las acciones civiles resarcitorias contra sus  ex funcionarios públicos o  agentes corruptos e incompetentes, que ocasionaron elevados daños al erario público;  y no agotar la cuestión, solamente, en el impulso de las acciones penales .-

Especial para

DIARIO NORTE

RICARDO ARIEL GONZÁLEZ ZUND

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