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OBLIGACIONES PACTADAS EN DOLARES Orientación jurisprudencial de la Justicia Chaqueña

Venimos exponiendo en distintos artículos publicados en Diario Norte, la problemática jurídica planteada respecto a las obligaciones contraídas en moneda extranjera, más precisamente en Dólares Estadounidenses, con anterioridad a la normativa que dispuso la “pesificación” asimétrica de los contratos en tracto de ejecución . Intentaré en el presente no reiterar los argumentos expuestos sobre la desafortunada reglamentación , y su palmaria inconstitucionalidad; tarea que no es fácil, ya que ella se encuentra plasmada de ataques a principios amparados constitucionalmente; principalmente el derecho de propiedad.

Las partes que en su oportunidad contrataron en Dólares, se han visto sensiblemente perjudicadas; tanto acreedora, como deudora. Una por habérsele triplicado su deuda, y la otra porque verá dificultado el cumplimiento de la obligación en el tiempo pactado. Es más, de no existir acuerdo de partes, es incierta la fecha y cantidad de moneda de curso legal –Pesos-, que cobrará el acreedor de la relación contractual. De no llegarse a un acuerdo, las partes en litigio deberán recurrir a la decisión judicial, que hasta este momento no tenía un lineamiento claro de cómo resolver, principalmente, las demandas con títulos ejecutivos pactados en Dólares.

Recientemente la justicia Chaqueña de nuestra capital ha fallado en varias causas en tribunales de primera instancia, llegando por vía de apelación a las Salas de la Excma. Cámara de Apelaciones del Chaco, la cual se ha expedido revocando fallos de primera instancia, sentando un precedente que, estimo será confirmado el máximo órgano judicial de la provincia; el Excmo. Superior Tribunal de Justicia del Chaco.-

Hasta el momento los tribunales de primera instancia venían resolviendo en forma casi unánime, salvo honrrosas excepciones, desestimar el planteo de inconstitucionalidad de alegado contra la normativa de pesificación, derivando la resolución de dicha pretensión jurídica para a un juicio ordinario posterior; haciendo lugar a la ejecución en la forma dispuesta por la normativa que dispuso la pesificación. Es decir un Peso por Dólar.

El criterio jurisprudencial utilizado por los tribunales de primera instancia, reseñado precedentemente, motivaría, no solo un dispendio jurisdiccional estéril, sino que, además agravaría la situación económica del propio deudor que vería duplicados los gastos por costas judiciales que debería soportar.

Obligar al actor a iniciar una nueva acción ordinaria para el cobro de su título de crédito, so pretexto de tener que “probarse” la inconstitucionalidad, como en varios fallos se dispuso, no resiste un análisis lógico- jurídico serio; y viene a ocasionar un desgaste judicial innecesario, y un incremento de costos al deudor , ya suficientemente perjudicado por las aventuras jurídicas del anterior gobierno.

Hasta el momento una Sala de la Excma. Cámara de Apelaciones, ha resuelto, revocando un fallo de primera instancia que había convalidado la pesificación asimétrica.-

  1. Teoría del Riesgo compartido:

El criterio jurisprudencial que, ha adoptado por el momento una de nuestras Salas de la Excma. Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta capital, recepta la denominada “teoría del riesgo compartido”, que no es otra cosa que “dividir” por mitades la diferencia que resulta de la pretendida equivalencia de un Peso por Dólar. Es decir, concretamente, cada una de las partes, acreedora y deudora, soportarán el 50% de la diferencia existente entre el Dólar y el Peso.

Esta es la solución salomónica que hasta el momento se ha encontrado judicialmente para intentar “equiparar”, equitativamente, las contraprestaciones en juego. Lamentablemente, esta solución está muy lejos de lograr su finalidad. No obstante ello no es criticable la decisión del justiciable para intentar remediar el desquicio concretado por una legislación arbitraria, inequitativa, e inconstitucional.

Por ello entiendo que es imperiosa la sanción de una normativa que “compense”, “equilibre”, “reajuste”, las contraprestaciones afectadas por no haber el estado mantenido lo que por ley dispuso: la equivalencia uno a uno con la moneda Estadounidense, para las operaciones pactadas bajo la vigencia del régimen de convertibilidad. No se podía, como se hizo, alterar retroactivamente los contratos pactados al amparo de una ley de la Nación.

Así como el gobierno tiene en estudio la forma de compensar en varios miles de millones a las instituciones bancarias, por el perjuicio sufrido por estas al ser obligadas de devolver “Dólares”; debe también estudiarse como compensar a los particulares, que por la salida irresponsable del régimen de convertibilidad se han visto perjudicados.

La compensación que deberá impulsar y plasmar en ley el gobierno, nuevamente, la deberemos pagar todos los que de una u otra forma aportamos al Estado.

Como siempre, quedarán pendientes de iniciación, (o por lo menos no tengo conocimiento que se hayan iniciado hasta la fecha), las acciones por la responsabilidad civil y penal que pudiera corresponder a los mentores del apartamiento del régimen de convertibilidad, sin un programa económico alternativo, y sin haber previsto, siquiera someramente, las consecuencias de las nuevas disposiciones que impulsaron la ley de emergencia económica, y pesificación asimétrica que llevarán a endeudar al País en varios miles de millones más, por las compensaciones que el Estado Nacional deberá asumir.-

  1. El Fallo:

Autos: C. S.A. C/ N.E.G. S/ EJECUTIVO Expte. N-. 12.545/03: Sala IV:… RESUELVE:

I:- Desestimar la nulidad impetrada.

II.- MODIFICAR la sentencia de fs. 58/59, y en consecuencia, establecer que la demandada deberá abonar por cada dólar adeudado 1$ más el 50% de la diferencia entre ese peso (valor del dólar antes de la emergencia) y la cotización de la divisa norteamericana –tipo vendedor- que establezca el banco central de la República Argentina , con más intereses, todo conforme lo señalado en los considerandos que anteceden .

III. Imponer las costas correspondientes a la Segunda Instancia en el orden causado, Difiriéndose la regulación de honorarios en ambas instancias para la oportunidad prevista en los considerandos que anteceden.

IV. Not…Fdo. Dra Maria D. Denóguenes. Juez. Dra: Marta Inés Alonso de Martina. Juez.-

Especial para Diario Norte.-

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