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REDOLARIZACIÓN: PRIMO LA JUSTICIA SOBRE LAS PRESIONES POLITICAS

Venimos insistiendo en publicaciones realizadas en este medio escrito –Diario Norte-, desde la sanción de la ley 25.561, de “emergencia pública y modificación del régimen cambiario”, y toda la normativa dictada en a posteriori, decretos 214/02, 320/02, etc., sobre su palmaria inconstitucionalidad.

Ante la crisis del sector financiero , vivida a fines del año 2001, el Poder Ejecutivo Nacional optó por alterar retroactivamente el sistema legal vigente durante 10 años. El bloqueo de depósitos, la salida del régimen de convertibilidad, y posterior devaluación del signo monetario, fueron algunas de las consecuencias jurídico-económicas de esas medidas. Ello provocó, como es de público conocimiento, alteraciones en la totalidad de relaciones contractuales que habían utilizado la moneda Estadounidense como medio de pago.

Como solución a la problemática planteada el Poder Ejecutivo dispuso la derivación a “mediación” de los deudores del sistema bancario, intentando dilatar el trámite de las ejecuciones judiciales. En anterior publicación tratamos el tema de la ineficacia de ese decreto; y el tiempo nos está dando la razón, es casi nula la derivación de los conflictos de deudores hipotecarios a los centros de mediación .

Pese a las presiones del poder ejecutivo nacional, hechas públicas en reiteradas oportunidades, sobre los ministros de la C.S.J.N. – lease juicio político-, intentando torcer la opinión jurídica de sus integrantes, para confirmar la violación a la propiedad privada, instrumentada por medio normas que instauraron el denominado “corralito bancario”; el alto cuerpo judicial en su momento sentó un precedente de relevancia resolviendo su “ inconstitucionalidad” en el sonado caso Smith.-

Continúo el Poder Ejecutivo insistiendo en la sanción de más normativas inconstitucionales, impulsando la devolución de los depósitos por medio de bonos públicos de un estado en cesación de pagos. Todo insostenible, jurídico, económico, y éticamente.-

Llegamos así al punto final en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe expedirse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la mentada “Pesificación”. Adelantábamos en la publicación en Diario Norte del 12/11/02, que sería resuelta su inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación .-

  1. FALLO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS: –Algunos fundamentos del fallo que declarará la inconstitucionalidad de la pesificación:

Es de público conocimiento que la provincia de San Luis ha demandado al Estado Nacional , solicitando la devolución en “Dólares” de las sumas de dinero que tenía depositada en esa moneda. El fallo que está próximo a ver la luz, luego de su postergación por la feria judicial de Enero, (aprovechada para el recambio de un ministro impulsado por el P.E.), sellará, definitivamente, no solo todo tipo de discusión sobre la restitución en la moneda pactada las sumas de dinero depositadas; sino también , por efecto lógico-jurídico, la improcedencia de la alteración de las cláusulas contractuales pactadas durante la vigencia del régimen de convertibilidad en Dólares Estadounidenses.-

Hasta el momento se conocen tres votos en contra de la redolarización ( Antonio Boggiano, Aguusto Belluscio, y el recientemente incorporado, Juan C. Maqueda), Enrique Petracchi se excusó, y a favor votarían el resto de los ministros, de los cuales los argumentos del Dr. Eduardo Moline O¨connor, serían los que más a fondo tratan la cuestión; en los que dirá :

-“El exámen de la validez constitucional del plexo normativo fue objeto de pronunciamiento por la Corte en la sentencia del 1 de Febrero de 2002 en la causa Smith..”

-“…No cabe juzgar, por consiguiente, a quienes se acogieron a un sistema legal vigente durante aproximadamente 10 años y celebraron operaciones comerciales y financieras dentro de él, sino determinar si el abrupto cambio de esa política estatal se efectuó dentro de los márgenes constitucionalmente aceptables para la valides de tales decisiones , en caso de que ello no ocurriese, resolver la controversia de modo compatible con el marco jurídico en que aquella se configura y la crisis en que se inserta”.-

-“…El argumento de que los dólares eran ficticios no puede utilizarse para favorecer al banco en la relación jurídica . Si el banco efectivamente carecía de dólares correspondientes a la operación para afrontar el pago, la responsabilidad por las consecuencias de esa circunstancia debe recaer sobre éste, no sobre el depositante ajeno a la realidad interna de la institución…”

-“… Que la norma impugnada en el caso ha sido dictada con base en la situación de emergencia declarada por ley 25.561 ( de emergencia pública y reforma del régimen cambiario). En relación con el fundamento de las normas de emergencia y sus condiciones de validez , esta corte ha tenido oportunidad de expedirse suficientemente en referido caso Smith…”

-“…El dictado de normas de emergencia corresponde al poder legislativo. Frente a una situación crítica que requiere la reglamentación extrema de los derechos y garantías , el poder ejecutivo no pude ejercer una potestad que no posee, ni puede soslayar las limitaciones que la constitución impone. Cuando so pretexto de actuar para conjurar los efectos de una emergencia el estado no hace sino agravarla , la violación de la doctrina se da por la doble vía de afectar derechos y garantías que no debería agravar y dificultar la superación de la crisis…”.-

Estos son algunos de los fundamentos que contendrá el fallo que otorgará andamiaje jurídico al cobro en Dólares del dinero depositado por la Provincia de San Luis.-

B) Efectos colaterales del fallo a dictarse:

Sí bien es cierto que la C.S.J.N. cuidará el detalle de resaltar que los considerandos del fallo se refieren, únicamente, al caso concreto sometido a decisión, y por ende no extensivos a otras cuestiones que por idéntico motivo puedan llegar a resolución del alto cuerpo judicial; lo cierto es que sentará jurisprudencia en tal sentido, y el resto de los tribunales del País deberán encolumnar sus decisiones en tal sentido.

En conclusión la llamada “redolarización”, que no es otra cosa que el mantenimiento de las condiciones contractuales pactadas a la luz del derecho vigente al momento de su celebración –lease ley de convertibilidad, e intangibilidad de depósitos-, es ya un hecho.

Celebro la decisión adoptada por el Poder Judicial, representado por su máximo exponente, la C.S.J.N., quién viene soportando y resistiendo las presiones de una dirigencia política agotada, e impotente para encontrar las soluciones que el País requiere al atravesar una crisis económico y social sin precedentes; pretendiendo enmendar sus errores violando las normas constitucionales vigentes, por medio de leyes, decretos de necesidad y urgencia, resoluciones ministeriales, etc., .

Mientras el Poder Judicial se mantenga firme, e impermeable a los requerimientos de los funcionarios de turno, apegado en forma irrestricta a la Constitución Nacional y leyes dictadas en consecuencia, tenemos posibilidad de volver a ser, algún día, un País creíble.

Especial para DIARIO NORTE.-

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