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EN LOS UMBRALES DE LA DESPESIFIACIÓN

En la publicación del 15 de Octubre del corriente en este medio escrito, comentábamos la presión que se ejercía desde el ejecutivo nacional, hacia el corazón del poder judicial, -la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, intentando forzar una resolución del alto cuerpo que convalide la pesificación de deudas contraídas en moneda extranjera.-

Los últimos acontecimientos vienen confirmando aquel comentario; efectivamente, se procedió a desactivar el pedido de juicio político a la C.S.J.N., y ésta, en principio iba a convalidar la pesificación declarando su constitucionalidad. Al mismo tiempo, detendría los amparos judiciales impediendo el retiro de fondos por sus titulares .

Recientemente, el pedido de “per saltum” impulsado por el ministro Lavagna que finiquitaría la cuestión definitivamente para los tribunales inferiores, no solo ha fracasado ; sino que, además ha conseguido el efecto contrario en el seno de la C.S.J.N., debido al escrito presentado por los abogados del Ministerio de Economía de la Nación, cuyos argumentos favorecen la “dolarización” de los depósitos. De allí que el alto cuerpo quedó descolocado en la posición jurídica que adoptaría.

Carlos Fayt habría pedido desde Montevideo que se retirara su voto a favor de la pesifiación, posición que habrían acompañado Antonio Boggiano y Augusto Bellucio.

Los argumentos del escrito pidiendo el “per saltum”, que habrían irritado a los ministros del altos cuerpo, en concreto fueron que “…En resumen, en casos como el de autos, corresponde que el tribunal ordene a la entidad financiera en la que se encuentran depositados los fondos, que es acreedor el demandado, se abstenga de modificar –por aplicación de las normas que así lo han dispuesto, con posterioridad a la sanción de la ley 25.561- la naturaleza monetaria del depósito , la tasa de interés establecida, y su plazo de vencimiento.” “… Esto significa que la entidad financiera deberá mantener, bajo las condiciones originariamente convenidas con el ahorrista, el título en que se respalda su petición , el que quedará sujeto a lo que , en definitiva, se resuelva al sentenciarse en esta causa…”.

Enterado el ministerio de Economía del cambio de criterio de la C.S.J.N., inmediatamente harían remitido nota aclaratoria pidiendo que se mantuviera la “pesifiación” y “aplicación del CER”. (coeficiente de estabilización de referencia).

De los antecedentes hasta aquí expuestos, que ya han tomado estado público en los medios, se evidencia con claridad que la “pesificación”, tal como lo afirmamos a comienzos del año en este medio escrito –DIARIO NORTE-, ha llegado a su final; será declarada inconstitucional por la C.S.J.N.; convalidando todos los fallos de tribunales inferiores que se vienen expidiendo en tal sentido.-

Una señal de ello la tenemos en la solicitud de los senadores de las comisiones de Economía, presupuesto y hacienda, que han pedido que el Gobierno envíe al congreso del proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de una instancia de mediación antes de comenzar las ejecuciones judiciales. Asimismo los diputados, encabezados por la Dra. Elisa Carrió habrían reclamado el urgente tratamiento de un pedido de prórroga por 180 días de la suspensión de las ejecuciones .

Todo este proceder, desordenado y desorientado, de quienes dirigen económica y jurídicamente el País, seguramente está inspirado en dilatar las consecuencias dañosas que ha provocado la salida del régimen de convertibilidad sin un programa alternativo, adecuadamente estudiado, para compensar los intereses en juego en los contratos en curso de ejecución.

Declarada que fuere la inconstitucionalidad de la “pesifiación” por la C.S.J.N. los acreedores en Dólares (mutuos hipotecarios, prendarios, documentos comerciales, etc.) podrán exigirlos en la moneda pactada, lease Dólares Estadounidenses. Los ahorristas tendrán derecho, obviamente, a exigir la devolución de sus depósitos en la moneda pactada, etc.

No obstante ello, en la realidad práctica, en la mayoría de los casos, ni los deudores podrán cumplir el pago en la moneda pactada; ni los acreedores podrán exigir compulsivamente, vía judicial, en un breve plazo, y con certidumbre en el cobro, el cumplimiento de la obligación asumida. De allí que se estee impulsando el proyecto de ley para derivar a “mediación” las acciones ejecutivas antes de ingresarlas a la esfera judicial, a fin de que las partes, de común acuerdo, encuentren una justa composición de sus intereses.

Realmente, es asombrosa la capacidad del gobierno, para generar normas que nacen inconstitucionales, que son convalidadas por un poder legislativo autista, y van a contrapelo de todo el ordenamiento jurídico vigente. Por suerte, hasta el momento, no se ha podido torcer el temple del poder judicial, que viene soportando estoicamente el avasallamiento de las normas constitucionales, principalmente, el derecho a la propiedad privada, que vienen haciendo los dos primeros.-

Especial para

DIARIO NORTE.-

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