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DEUDORES DOLARIZADOS: Luego del caso “San Luis”

Tal como veníamos sosteniendo en distintas publicaciones, realizadas en Diario Norte, desde comienzos del año 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló declarando la inconstitucionalidad del decreto 1570/01, del decreto de necesidad y urgencia 214/02, más precisamente de su artículo 2, y demás reglamentaciones, en cuanto dispone convertir a Pesos los depósitos en Dólares a un valor de $ 1,40 por Dólar.

El fallo en análisis ha sentado pautas de relevancia, no solamente, en la normativa que ha pesificado los depósitos de los ahorristas, y reglamentado la forma de devolución de los mismos; sino también en el resto de las relaciones contractuales pactadas en la moneda Estadounidense, con anterioridad a la entrada en vigencia de esa legislación.

En términos generales los argumentos de fuste que han sido utilizados para declarar la inconstitucionalidad de los decretos que dispusieron la Pesificación de los depósitos, y forma de restitución de los mismos; resolviendo la devolución en la moneda pactada, se basan en el respecto de las garantías constitucionales, principalmente del derecho de propiedad, específicamente previsto en la carta magna en su art. 17.–

El fallo en análisis destaca que el mismo se refiere única y exclusivamente a esa cuestión, y por ende no es extensivo al resto de las acciones judiciales en trámite. No obstante ello las mismas correrán la misma suerte: deberán restituirse las sumas de dinero, en la moneda pactada, con las excepciones que ya son de público conocimiento –haber aceptado la pesificación , por ej-.

También se han ocupado los medios de hacer pública una nota a uno de los ministros de la CSJN, respecto a ¿cual sería la situación de los deudores pesificados?. En esa entrevista el Sr. Ministro del alto cuerpo judicial, ha intentando llevar tranquilidad a los mismos , refiriendo a que el fallo del caso San Luis, no les sería extensivo al resto de los deudores pesificados. Lamento opinar, respetuosamente, que esa apreciación es incorrecta, no se ajusta a derecho, y por los mismos fundamentos que se falló a favor de la provincia de San Luis, los deudores pesificados deberán correr la misma suerte que los acreedores, depositantes en el sistema bancario. –

  1. Situación de los deudores Pesificados.

El fallo de la provincia de San Luis, no ha hecho otra cosa que ratificar el derecho de propiedad previsto por la C.N., ante la agresión que sufrió este –el derecho de propiedad de los ahorristas-, por parte de una legislación abiertamente inconstitucional.

Ahora bien, el derecho de propiedad no le asiste, únicamente, al depositante del sistema financiero a quién le fueron incautados sus fondos; nos pertenece a todos.

Obviamente, así como los bancos serán condenados a devolver el dinero en la forma comprometida, Dolares Estadounidenses; también estarán facultados a ejercer su derecho de propiedad sobre las acreencias que poseen por haber prestado Dólares. Es decir los deudores del sistema bancario , deberán cumplir su obligación en la forma pactada.

Los argumentos utilizados en el fallo del caso “San Luis c. BNA” no podrán ser dejado de lado, fundadamente, ante el reclamo de un acreedor que pretenda cobrar aquello a que su deudor se obligó.

Esto es, en líneas generales, lo que deja ver el fallo del caso San Luis en sus considerandos. No obstante ello, el Estado deberá buscar el mecanismo económico- legal, para compensar a los deudores pesificados, que hoy han visto triplicada su deuda como consecuencia del incumplimiento por parte del propio Estado Nacional. Es el Estado quién se obligó a mantener por medio de una ley sancionada por el congreso de la Nación, la paridad del Dólar uno por uno con el Peso. Ese fue, sin lugar a dudas, el motivo determinante por el cual los particulares asumieron compromisos en Dólares.

  1. Consecuencias y económico jurídicas del fallo:

Conocido el fallo ha surgido un pánico generalizado, principalmente en los deudores en Dólares; y no es para menos.

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Este fallo plantea, a mi criterio, varias consecuencias de relevancia :

  1. Los ahorristas, que no hubiesen prestado consentimiento a la pesificación de sus depósitos, podrán accionar, y/o continuar con el trámite de las acciones judiciales que culminarán condenando a las instituciones bancarias a la restitución de sus depósitos en la forma pactada –lease Dólares.-
  2. Las instituciones bancarias podrán reclamar el cobro de sus créditos en la moneda pactada –lesar Dólares-, planteando la inconstitucionalidad de la normativa con los mismos argumentos utilizados en el caso San Luis.
  3. Los acreedores y deudores particulares – fuera del sistema bancario-, podrán demandar el cumplimiento de las respectivas obligaciones en la forma pactada, con base del derecho de propiedad (art. 17 C.N.) reconocido y ratificado por la CSJN; sin perjuicio de los argumentos defensivos, que seguramente se alzarán contra tales planteos.-
  4. Conclusiones:

El fallo en cuestión , más allá de la cuestión puntual referente a la restitución de depósitos de la provincia de San Luis, es de un elevado valor jurídico: reconoce, ratifica, y realza la importancia que tiene, en “derecho de propiedad”; y ratifica la independencia del Poder Judicial.

Sí analizamos, objetivamente, todas las presiones que sufrió el órgano máximo del poder judicial, la CSJN, para fallar en contra de la denominada “redolarización”; debemos aplaudir y celebrar el comportamiento asumido por sus ministros –o casi todos-.

Podemos comenzar a soñar que aún es posible vivir en un País serio; con un sistema de gobierno, democrático, y republicano, que reposa sobre la división de poderes como eje central de su funcionamiento, y que cuenta con un poder judicial independiente , e impermeable a las exigencias de un poder ejecutivo que; hasta el momento, viene evidenciando dos cosas: 1) Su capacidad para apartarse de los preceptos constitucionales vigentes; y 2) Su incapacidad para gobernar .-

Agunos de los considerandos más relevantes del fallo.




PESIFICACION. Redolarización: Inconstitucionalidad Arts. 2 y 12 Dec. 214/2002, Dec. 1570/2001 y Dec. 320/2002. Restitución de depósitos bancarios en la moneda de origen (dólares) S. 173. XXXVIII ORIGINARIO – “San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo” – CSJN – 05/03/2003




PESIFICACION. Redolarización: Inconstitucionalidad Arts. 2 y 12 Dec. 214/2002, Dec. 1570/2001 y Dec. 320/2002. Restitución de depósitos bancarios en la moneda de origen (dólares) S. 173. XXXVIII ORIGINARIO – “San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo” – CSJN – 05/03/2003


En exceso de las facultades delegadas por el Congreso el Poder Ejecutivo Nacional transformó compulsiva y unilateralmente, la sustancia de los depósitos bancarios efectuados en moneda extranjera, al disponer su conversión a pesos, con apartamiento de lo dispuesto por la ley 25561 y con una relación entre la moneda nacional y las divisas que no refleja el valor del capital originariamente depositado.- Esa falta de concordancia entre la ley mencionada y los ulteriores decretos del Poder Ejecutivo Nacional se patentiza aun más cuando se advierte que dicha ley no había derogado, sino que sólo había suspendido, la vigencia de la ley 25466, en cuanto disponía la intangibilidad de los depósitos, y únicamente había autorizado el aplazamiento de los pagos que, según las previsiones de los arts. 617 y 619 del Código Civil y de la ley 25466, debían hacerse en determinada moneda al 3 de diciembre de 2001.”  “El poder administrador, al margen de las directivas establecidas por el Poder Legislativo (art. 6, ley 25561), desconoció -contra legem-, la sustancia de los depósitos bancarios efectuados en moneda extranjera, al ordenar su eventual -y postergada- restitución a un valor arbitrariamente fijado por ese mismo poder estatal, como parte de un complejo programa de “pesificación asimétrica” cuyo mérito y eficacia no compete a este Tribunal ponderar, pero que se proyecta, en el sub lite, como un grave agravio al derecho constitucional de propiedad.- Desde esta perspectiva, el régimen puesto en tela de juicio ha consagrado contra una ley del Congreso, una grave lesión del derecho de propiedad. Tanto lo precedentemente expuesto, como lo decidido en la causa “Smith” derivan de la razonada aplicación del art. 17 de la Constitución Nacional, en tanto dispone que “La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia firme fundada en ley”.”  “En virtud de las reglas que gobiernan las situaciones de emergencia mencionadas en los considerandos precedentes, y por las razones allí expuestas, cabe reputar legítimo que, ante situaciones de extrema gravedad, pueda recurrirse al empleo de medios que, en alguna medida, importen un sacrificio para los miembros de la sociedad, en virtud del principio de solidaridad social. En el caso, aun admitiéndose que la adopción de medidas indispensables para evitar males mayores podían acarrear ciertos perjuicios, lo irrazonable ha sido que tales perjuicios se hicieron recaer mayormente sobre una de las partes. Dicho de otra manera, no ha existido distribución equitativa del perjuicio. En lo que al caso atañe, el medio empleado ha provocado un menoscabo mucho más significativo para el depositante que para la entidad bancaria, con obvia lesión de los derechos patrimoniales de aquél.”  “Los vicios que descalifican constitucionalmente la disposición del art. 2° del decreto 214/02 hasta aquí examinados, no se ven atemperados por las soluciones complementarias establecidas por los decretos 905/02 y 1836/02. Ello es así pues los decretos indicados no aminoran los efectos nocivos de la pesificación desde que, aun cuando crean ciertos paliativos para compensar la pérdida del valor adquisitivo provocada por el empleo de la paridad $ 1,40 por dólar, se limitan a ofrecer una opción que naturalmente pueden rehusar, sin pérdida de derecho alguno.”  “El sistema jurídico impugnado, fundado en la emergencia, ha arrasado lisa y llanamente con la garantía constitucional de la propiedad y destruido -como se apuntó- el presupuesto, también constitucionalmente establecido, de la seguridad jurídica con total olvido de que cuando se recurre a los poderes de emergencia se lo hace con el objeto de amparar y defender el orden preestablecido pues ella no suprime la legitimidad constitucional sino que la garantiza por vía de remedios extraordinarios. El efecto producido por las normas impugnadas excede, pues, el ejercicio válido de los poderes de emergencia, ya que en estas situaciones, como se recordó más arriba el Estado no puede válidamente transponer el límite que señala el art. 28 de la Constitución Nacional. Las normas cuestionadas afectan, por tanto, en forma directa e inmediata las garantías reconocidas por los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.”  “Las consideraciones precedentemente expuestas conducen a declarar la inconstitucionalidad del plexo normativo cuestionado.”

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