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DEUDORES HIPOTECARIOS. Se intentará ayuda oficial

Recientemente el Congreso de la Nación, en forma conjunta con el Poder Ejecutivo , han decidido impulsar la sanción de una ley que permita a los deudores hipotecarios, -dentro y fuera del sistema bancario-, con vivienda única, facilidades de pago.

Las facilidades que se remitirían a : 1) Extensión de los plazos de pago; vía refinanciación de las deudas. 2) Modificación de las tasas de interés oportunamente pactadas.-

Como punto central de la cuestión, se ha resuelto que el Gobierno no aportaría fondos para el cumplimiento de las obligaciones; agotando su esfuerzo con la “reestructuración” de los plazos de pago, y fijación de tasa de interés.-

a) Condiciones para el encuadre en el plan de salvataje.-

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Las condiciones que se impondrían a los deudores hipotecarios para acceder al mecanismo de rescate, serían las siguientes:

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1.- Tipo de deudor: personas físicas o sucesiones indivisas de mutuos hipotecarios garantizados con vivienda única familiar de ocupación permanente y económica. Contemplará, además, a los acreedores del sistema financiero y no financiero cuyos créditos hayan sido destinados a construcción y ampliación, refacción o adquisición de vivienda.

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2.- Monto tope: hasta 80.000 pesos de capital al momento de incurrir en mora.

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3.- Epoca de la mora: desde el 1° de enero de 2001 hasta el 2 de septiembre de 2003.

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Sólo los deudores que cumplan estas características podrían acceder al mecanismo de salvamento que instrumentará el Poder Ejecutivo por medio de una ley.

13.211 personas
Se anotaron en el registro de deudores hipotecarios del Banco Nación.

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80.000 pesos
Sería el monto tope de los créditos que entrarían en la reestructuración.

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91,3 por ciento
Es la proporción de deudores anotados con préstamos de hasta 80.000 pesos.

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44,2 por ciento
Es el porcentaje de los anotados que se endeudó para adquirir una vivienda.

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95,5 por ciento
Es la proporción de las deudas registradas que está en juicio.

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48,7 por ciento
Es la cantidad de deudas hipotecarias que ya tienen sentencia.

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b) Previsible inconstitucionalidad de la norma:

Lamentablemente, el gobierno comienza a reiterar los errores de su antecesor, pretendido violentar los principios de igualdad ante la ley, y el derecho de propiedad, ambos amparados constitucionalmente.

Sin dejar de lado la loable intención del ejecutivo nacional , para remediar, o suavizar los entuertos provocados por la salida del régimen de convertibilidad en la forma que se hizo; ello debe hacer respetando los principios estampados en nuestra constitución nacional. Sería de suma importancia que nuestros legisladores, en alguna oportunidad, tengan presente que las normas que sancionen deben ajustarse a sus términos, y no violentarla innecesariamente.-

No encuentro argumentos que permitan mantener la vigencia de una ley que, por ej., beneficie a un deudor hipotecario, que debe menos de $ 80.000, de otro que deba más; cuando el derecho de propiedad de ambos, es idéntico. ¿ Porque ampliarle los plazos y modificar la tasa de interés de un deudor hipotecario con vivienda única, de otro que tiene dos o más?. ¿ Porque perjudicar a un acreedor, que puede ser un banco o un particular, extendiendo los plazos convenidos, alterando la moneda de pago convenida, etc.; cuando ello lo fue al amparo de la legislación vigente en su momento?. (Recordemos que por aquel entonces existía una ley que garantizaba a las partes el mantenimiento del tipo de cambio uno a uno). –

En síntesis, el estado debe aportar la solución, tanto a acreedores, -(que debe percibir su acreencia en la moneda pactada)-, como a deudores, -(que vieron triplicada su deuda original)-, ya que ambos asumieron sus respectivos compromisos al amparo de la legislación vigente. No obstante ello, la misma debe comprender al universo de partes afectadas.

El estado deberá cumplir con la ley que nuestros legisladores impulsaron y sancionaron –lease ley de convertibilidad-.

Debe intentar remediar las consecuencias provocadas sobre las relaciones contractuales preexistentes, por la sanción de toda la normativa denominada “emergencia económica”; pero ella debe comprender a todas las partes afectadas, sin alterar los principios de igualdad ante la ley, y el derecho de propiedad. Como hipótesis de máxima, pretender que se lleve a proceso, y se condene a quienes han provocado las consecuencias económicas apuntadas, parece ser un sueño de la sociedad, difícil de alcanzar.-

Especial para Diario Norte- RGZ

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