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SE INSISTE EN MÁS NORMAS, PREVISIBLEMENTE, INCONSTITUCIONALES.-

Desde de la instauración del denominado “corralito financiero”, hasta la fecha, se han dictando numerosos decretos, decretos-ley de necesidad y urgencia, leyes, normativas del B.C.R.A., etc. tendientes a dirigir y encaminar la faz económico–financiera del País.- El ejercicio abusivo que el poder ejecutivo nacional realiza de los “decretos de necesidad y urgencia”, y la presión que a diario se ejerce sobre el poder legislativo para obtener la sanción de leyes, que a la postre resultan ser insostenibles por apartarse abiertamente del plexo constitucional vigente, y el enfrentamiento permanente de ambos poderes –legislativo y ejecutivo-, con el judicial, me motivan a esbozar algunas reflexiones.

En estos cuatro meses del año en curso, se ha convertido en materia corriente la sanción de decretos, decretos leyes, leyes, etc., que a los pocos días son dejados sin efectos, o modificados, por los mismos poderes que los dictaron, o son declarados inconstitucionales por el Poder Judicial.- Esta es la realidad que a diario vivimos.

El comienzo de esta situación podemos encontrarlo en la suspensión del retiro de los depósitos bancarios, siguiendo por la salida de la ley de convertibilidad que nos rigió una década, devaluación de por medio, pasando por varias reprogramaciones en la devolución de depósitos bancarios, modificación de la ley de concursos y quiebras, etc.-

Hoy, lamentablemente, vamos por más normas previsiblemente inconstitucionales. Pretender “legislar” modificando normas contractuales celebradas al amparo de la normativa vigente en su oportunidad, -léase ley de convertibilidad en virtud de la cual el Estado se comprometía a mantener la paridad cambiaria-, obligando a los ahorristas a canjear el dinero depositado en instituciones bancarias por un bono pagadero a 3 o 10 años, según la opción que se utilice, difícilmente pueda sostener un revés judicial que declare su inconstitucionalidad. Ello sin perjuicio que, no caben dudas, no se tiene ninguna previsibilidad de cómo va a hacer el estado para cumplir el nuevo compromiso a asumir.

Del análisis que realizan la mayoría de economistas y analistas financieros en el País, se advierte, cada vez con más claridad, que el gobierno no tuvo previsto, ni lo tiene aún, un plan alternativo para salir , ordenada y diligentemente, del régimen de convertibilidad de suerte tal que se provocara la menor lesión posibles a los particulares contratantes . A partir de allí se suscitan todos los parches normativos que a diario se ensayan, para intentar contener los fallos judiciales dictados siguiendo los lineamientos previstos por la Constitución Nacional, Código Civil, y los Códigos de procedimientos provinciales.

Así como en alguna oportunidad sostuve en un artículo en este medio escrito, la “previsible inconstitucionalidad” de la ley de emergencia económica, y demás normas dictadas en consecuencia; hoy entiendo que se alzarán contra el proyecto de ley que será enviado al congreso de la Nación para plasmar en ley el denominado “plan bonex”, los mismos argumentos que hasta el momento se vienen sosteniendo para perforar la legislación que intenta, hasta la fecha, frenar el retiro de dinero por los ahorristas.

El dinero depositado en entidades bancarias es “propiedad” de los ahorristas; no de las instituciones bancarias, ni del estado. Sí el B.C.R.A., o quién tuvo a su cargo la política financiera del País fue negligente en la conducción del sistema , si no supo, o ejerció un control incorrecto sobre las instituciones bancarias que tomaban depósitos – más de Sesenta Mil Millones de Dólares- , y que a posteriori resultaron impotentes para devolverlos; es el Estado quién debe encontrar la forma en que las instituciones bancarias cumplan con las obligaciones asumidas, en la forma pactada. Pero ello de ninguna forma puede pasar por la alteración de las condiciones contractuales pactadas; máxime en la forma que se pretende.

En tanto y en cuanto se insista en la sanción de este tipo de leyes, abiertamente violatorias de la Constitución Nacional, y desprovistas del más mínimo principio de razonabilidad y equidad, seguirán viendo la luz fallos declarando su inconstitucionalidad; y servirán, como sostuvo recientemente el maestro Jorge Moset Iturraspe, de “semillero para la proliferación de acciones judiciales”.-

Especial para DIARIO NORTE

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