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REGLAMENTACIÓN DEL AMPARO: ¿Constitucionalidad o Necesidad Política ?.

He asistido con atención, y prudente discreción, al desenlace mediático suscitado entre las máximas autoridades del Poder Legislativo, Ejecutivo, y los colegas representantes de nuestro Consejo Profesional de Abogados, y Colegio de Abogados, como consecuencia de la ley que pretende reglamentar una herramienta jurídica con base constitucional ( art. 19 Const. Provincial), como lo es el “amparo”.

No he de explayarme en el presente sobre cuestiones técnico- jurídicas, ampliamente explicitadas en este medio –Diario Norte-; que, en forma unánime y pacífica, (a excepción de los colegas funcionarios públicos), sostienen la inconstitucionalidad de la mentada normativa; posición a la cual adherimos.

Intentaré ingresar con más profundidad en la polémica cuestión, con la finalidad de aportar algo positivo a las diferencias mantenidas por los distintos sectores .

  1. Antecedentes de la reglamentación del amparo :

De la lectura que hasta aquí podemos hacer de los antecedentes, que son de conocimiento público, de la pretendida reglamentación del derecho de amparo, surge con claridad meridiana que:

  1. La finalidad, impulsada desde el ejecutivo en la sanción y promulgación de esta reglamentación, tiene por base tres cuestiones centrales, que son preocupación del poder Ejecutivo; a saber:
    1. Los recursos de amparo concedidos a favor de los denominados “videopoker”, para su funcionamiento.
    2. Los recursos de amparo que han frenado algunas normas vinculadas a cuestiones educativas; más allá de los planteos de competencia formulados.
    3. Evitar que, en lo sucesivo, los recursos de amparo sean presentados ante determinados jueces, a los que alguien ha denominado “amparistas”; y que para nosotros, quienes ejercemos el derecho, no son más que magistrados que se ajustan a derecho, y resuelven, con aciertos y yerros, de acuerdo a sus convicciones; personales y jurídicas.-

b) Gravedad Institucional:

La reglamentación del derecho constitucional del “amparo”, la cual fue sancionada y promulgada con una velocidad inusitada, puso en jaque a toda la comunidad jurídica de la provincia. Las críticas no se hicieron esperar, y los enfrentamientos son cada vez de mayor tono.-

Se advierte, sin temor a equivocarnos, que la finalidad de esta pretendida reglamentación no ha sido otra que, la de impedir, limitar, y/o restringir la tramitación de acciones de amparo; o que ellas no sean atendidas por determinados Jueces.

Es evidente, y de público conocimiento, que las acciones de amparo que a diario se vienen dictando, neutralizan disposiciones del ejecutivo, obligándolo a actuar conforme a derecho, o a mantener el “statu quo”, hasta que recaiga fallo firme.

Más allá que podamos o no, compartir algunos fallos acogiendo las medidas de amparo promovidas, no podemos consentir, bajo ningún punto de vista, que se pretenda cercenar, limitar, restringir, dirigir, etc. esta herramienta jurídica de raigambre constitucional; bajo el pretexto de “reglamentarla”.

Somos concientes de la preocupación que es para el poder ejecutivo el mantenimiento, vía amparo, de los denominados “videopoker”, y el daño pecuniario que ello ocasiona a la provincia; pero no es la vía adecuada para solucionar el conflicto, la pretendida reglamentación del instituto jurídico del amparo.

En este caso concreto, es de imaginar que la provincia del Chaco, o su poder ejecutivo, preocupadas por esta cuestión, habrán accionado por daños y perjuicios contra sus titulares, o responsables, habrán solicitado las medidas cautelares de embargo preventivo, recaudación, e intervención de caja; etc.; de sostenerse que los mismos funcionan violando la ley. Caso contrario podría nacer la responsabilidad del, o de los funcionarios públicos que omitieron u omiten actuar con diligencia resguardando las arcas del estado provincial.

No he de polemizar con el colega y amigo, actual presidente de Lotería Chaqueña, otrora reconocido especialista en derecho administrativo, pero la posición jurídica por él asumida, al intentar defender la normativa reglamentaria del amparo, en una publicación realizada en Diario Norte, está desprovista de respaldo jurídico por el resto de los colegas y especialistas que, hasta el momento, analizaron la norma.

Con relación a la segunda finalidad, la de evitar que determinados jueces intervengan en la tramitación de las acciones de amparo; también es jurídicamente insostenible.

En caso de sostenerse que un juez actúa y/o ha actuado en forma contraria a derecho, están abiertas las puertas legales para impulsar su destitución por la vía pertinente; que no es, precisamente, haciendo comentarios descalificantes en los medios hacia sus pronunciamientos.

Es obvio, que no es necesaria la reglamentación del amparo para exigir que los Srs. Jueces actúen en forma diligente y proba; de allí la esterilidad de la norma en tal sentido.

Como vemos, no es necesario violentar una norma constitucional, y agredirla de tal forma, vía reglamentación, para intentar soluciones que ya están previstas en nuestro ordenamiento positivo.

Reitero, una vez más, solo debemos atenernos a la “legalidad”. Ello no es tan difícil, solo se debe cumplir con la Constitución Nacional, las Constituciones Provinciales, leyes, y decretos; dictados en consecuencia de aquella. El Poder Judicial, solamente, es custodio de ellas.

Sin lugar a dudas que los problemas relevantes de la provincia, salud, educación, seguridad, creación de nuevas fuentes de trabajo, etc., necesitan el trabajo armónico del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; no del Poder Judicial que debe mantenerse inmune, impermeable, e incorruptible ante el desempeño de aquellos; debiendo velar por la plena vigencia de los derechos amparados constitucionalmente, aunque para ello, en ciertas ocasiones deba apartarse de leyes que violen tales preceptos.

No luce bien a los ojos de la sociedad, las agresiones mediáticas de funcionarios públicos que critican fallos judiciales, o a determinados magistrados; por no estar conforme con sus decisiones. Tampoco es la vía adecuada.

No luce bien a los ojos de la sociedad, el enfrentamientos del representante del poder legislativo provincial, con magistrados judiciales y algún ministro del S.T.J.CH.

No luce bien a los ojos de la sociedad, la crítica de un alto funcionario del poder ejecutivo a algunos jueces provinciales por sus fallos, supuestamente amparistas. Tampoco es la vía adecuada.-

Esto no le hace bien a la sociedad Chaqueña, y seguramente no ayudará a crear fuentes de trabajo, ni mejorará la educación, ni la salud, ni la seguridad.

En una provincia que esta atravesando una crisis terminal, con una deuda pública impagable, y que se sostiene gracias a la generosidad de la coparticipación nacional –(caso contrario sabrá Dios como se pagarían los sueldos de los empleados públicos y demás erogaciones del estado provincial)-; debemos exigir como mínimo de la dirigencia política, seriedad y respeto en el tratamiento de los temas .

El poder judicial contribuirá a “pacificar” la sociedad, como lo viene haciendo; bregando por el respeto de la constitución y leyes dictadas en consecuencia. –

Como anticipo de este medio, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la norma reglamentaria del amparo, seguramente en breve, habrá de ser declarada inconstitucional; habiendo servido, únicamente, para generar enfrentamientos estériles en el seno de los tres poderes del estado provincial.

Esperando que se interprete correctamente mi pensamiento, y que aporte algo positivo al diferendo, me despido con palabras del maestro y amigo, próximo integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, en oportunidad de surgir algunas diferencias entre ponentes en unas jornadas de derecho civil “…Es preferible sumar; así que, sumemos…”-

Especial para

DIARIO NORTE.

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