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LA ARGENTINA SUSPENDIO LA PROPIEDAD PRIVADA.-

El título de presente artículo no es de mi autoría; corresponde a una publicación del día 22-1-01, del Diario Ambito Financiero, cuyos términos comparto. Del abundante material periodístico que despliegan los medios con respecto a la actual situación económica y pólitica me llamó la atención el título referido, seduciéndome a su detenida lectura. La referida publicación, realizada por el economista Enrique B. Gamarra, expone la forma en que todos los argentinos hemos sido despojados del derecho de propiedad, amparado constitucionalmente.

El comentario referido ratifica los argumentos expuestos en publicaciones realizadas en Diario Norte, por el suscripto, respecto a la previsible declaración judicial de inconstitucionalidad del decreto 1570/01, – reprogramación de depósitos- y sus modificatorios; como así también de la normativa legal que pretende apartarse “retroactivamente” de la ley de convertibilidad.-

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, con sus marchas y contramarchas diarias, intentan, o de hecho lo hacen, dejar de lado una ley del estado nacional en la cual este –el estado nacional- se comprometía a mantener la paridad de la moneda de curso legal uno a uno con el dólar Estadounidense.

La ley de convertibilidad permitía libremente a los particulares contratar en ambas monedas, e incluso comprometer el pago en la moneda extranjera. Así vivimos una década, olvidando aquellos períodos inflacionarios e hiperinflacionarios en los cuales estaba, además, prohibida la posibilidad de celebrar contratos en Dólares.

Los particulares confiamos nuestros depósitos al sistema financiero, regulado por el B.C.R.A.. De pronto por la inoperancia o falta de diligencia del, o los gobiernos de turno, sobrevino la crisis actual. El desapoderamiento y la privación de la propiedad privada son alguna de las consecuencias del colapso financiero.

Como solución mágica de un grupo de dirigentes políticos, y legisladores, han sancionado una normativa legal apartándose de la ley de convertibilidad, reprogramando la devolución del dinero que los ahorristas tenían depositados, devaluando la moneda; condenándonos, en definitiva, a soportar una elevada pérdida en el poder adquisitivo de las transacciones comerciales en juego.

Parecería ser que algunos funcionarios creen que el problema de la Argentina pasa, exclusivamente, por la forma y tiempo de devolución de los depósitos. Devolución para la cual el sistema financiero se ha declarado impotente, y dudo tengan previsto como hacerlo de acuerdo a la mentada reprogramación. Esta reprogramación a mi criterio, no pasa de la mera intención de los funcionarios de turno y, eventualmente, legisladores que la han convalido . ¿ Que pasará con todos los contratos en curso de ejecución en los cuales las partes han utilizado la moneda Estadounidense como medio para satisfacer las contraprestaciones, amparados por una ley del estado que se comprometía a mantener la paridad uno a uno con la moneda de curso legal?. Por ej: Mutuos hipotecarios, prendarios, contratos de compra y venta, locaciones, etc.- Todos los particulares que contratamos en tales condiciones lo hicimos, sin lugar a dudas, teniendo en miras la protección de una ley del estado que se comprometía a mantener la equivalencia con la moneda Norteamericana.

Respetuosamente, creo que es insostenible jurídicamente, desde todo punto de vista, la normativa legal que pretende cambiar retroactivamente las reglas de juego fijadas por el estado. De allí que la mentada “pesificación”, fijación de un tipo de cambio oficial, y dos paralelos, obligación para el acreedor de menos de Uss 100.000, a recibir pesos devaluados, perdiendo el 40% como mínimo del poder adquisitivo que tenía, etc.; difícilmente resistirán, ante el cuestionamiento judicial de ellas, su declaración de inconstitucionalidad y la adecuación de las contraprestaciones pactadas.

Lo lamentable es que, innecesariamente, se agredió la propiedad privada, se violaron todos los dispositivos constitucionales vigentes, y, en definitiva , se defraudo al ahorrista que confió en las reglas de juego fijadas por el estado. Pasará, seguramente, mucho tiempo hasta que pueda volver la confianza defraudada.

  1. MEDIACIÓN PRIVADA: alternativa de solución ágil:

En el contexto actual, y con el agravante de la modificación de la ley de quiebras que terminará con las posibilidades del crédito, será imposible a todo acreedor poder realizar forzadamente –lease cobrar- su crédito; posibilitando, justificadamente, a todo deudor de una relación contractual plantear judicialmente una justa composición de las contraprestaciones. Esta trama jurídica va a encerrar a acreedores y deudores en varios años de litigio, -no menos de cinco o seis años-, sin posibilidades de solucionar el conflicto, con lo cual, obviamente, ninguna de ellas se beneficiará.

Por estos, y otros fundamentos que podría continuar exponiendo las partes afectadas, principalmente instituciones bancarias, deberían comenzar a prever, e instrumentar la derivación de los conflictos a “centros de mediación” y/o “mediadores” debidamente habilitados, para intentar una solución ágil, consensuada y razonada de sus diferencias. La justicia en este caso, máxime con la avalancha de causas que se iniciarán, difícilmente pueda ser la solución para ellos.-.

Especial para DIARIO NORTE.-

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