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INCONSTITUCIONALIDAD DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5.403.- CONING III: UN FALLO ESTERIL A LOS FINES DEMANDADOS.-

Es de público conocimiento la repercusión, y consecuencias que ha desatado para nuestra provincia, principalmente, para la ciudad de Resistencia, el fallo dictado en autos “ CASTELAN DINA OLIVA S. ACCION DE AMPARO. Expte. N- 50161/01, del Excmo. S.T.J.CH.; en el cual el máximo órgano judicial de la provincia resolvió acoger , parcialmente, la pretensión jurídica deducida por la actora, declarando la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal N- 5.403 ..

El fallo referido fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, sin entrar al fondo de la cuestión, declaró inadmisible el mismo ( art. 208 del C.P.C. de la Nación) .

Tal como ha sido ampliamente publicitado en los medios, la actora, vecina del edificio en cuestión, promovió una acción de amparo con la finalidad de impedir la construcción de la torre , ubicada en calles Santa Fé esquina Mitre, planteando la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal N- 5.403, por no prever la misma el estudio del “impacto ambiental” que provocaría la obra en cuestión.-

La Municipalidad de Resistencia se remitió a sostener que la obra fue autorizada de acuerdo a las disposiciones municipales vigentes.

  1. El Fallo:

“…I.-Hacer lugar a la acción de amparo impetrada…, y en consecuencia decretar la inaplicabilidad por inconstitucional de la Ordenanza N- 5403, con el alcance establecido en los considerandos.

II.- Ordenar a la Municipalidad de Resistencia –Consejo Deliberante –proceda conforme lo dispuesto en los fundamentos del presente…”

b) Considerandos del fallo:

Entre los argumentos más destacables de los votos que sostienen la sentencia, el máximo tribunal judicial de la provincia, sostuvo: “… A fin de efectuar un breve relevamiento del marco normado aplicable al caso, resulta de fundamental importancia señalar que si bien es cierto que en la cláusula constitucional del año 1994, se hace alusión a que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer –art. 41-, no lo es menos que en forma previa consagra el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y el correlativo deber de preservarlo…”.

“…Sin ánimo taxativo cabe citar aquí que incumbe al municipio local, dictar, aplicar e implementar el reglamento general de construcciones para obras particulares y públicas ( art. 119 inc. 2, Carta Orgánica)….”

“…Dentro de tal contexto cabe destacar que la interpretación de la demandada en orden a la no realización de la “audiencia pública” para la doble lectura “porque al momento del dictado de la ordenanza 5.403, el art 153 de la carta orgánica no estaba reglamentado por ninguna normativa, “tampoco lo está en la actualidad “ ( fs 29 in fine) no encuentra razón constitucional, ni legal ( art. 29 C.P.) y debe marcarse aquí que su convocatoria no constituye una facultad discrecional del órgano o ente administrativo -Consejo Deliberante-, sino que por el contrario, la misma es obligatoria antes de dictar resolución ( ordenanzas) en las materias que la citada normativa puntualmente especifica, es un medio necesario para posibilitar a los ciudadanos un marco de libre debate y debida defensa de sus derechos. Es que la operatividad de la norma contenida tanto el art 41 de la Constitución Nacional, con la del art 38 de la carta local , está fuera de toda discusión, puesto que en ellas se establecen principios que la regulación legal implementadora no puede dejar de respetar, además que en ellos se plasman valores y directivas que ya integraban nuestro ordenamiento, por lo que resulta así, ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole tales derechos…”

“…En mérito de lo expuesto corresponde hacer lugar a la acción de amparo deducida, declarando la inaplicabilidad por inconstitucional de la ordenanza N- 5.403, declaración que solo tiene alcance respecto de las partes litigantes y en orden a la presente acción ordenando, en su consecuencia, que la Municipalidad de Resistencia, – Consejo Deliberante- tome los recaudos necesarios para realizar la adecuación de la obra cuestionada a estudios de impacto ambiental conforme lo impone el art,. 38 inc. 8) de la Constitución Provincial…”

“…Por otro lado, siendo que la acción de amparo aquí intentada es camino adecuado conforme una interpretación armónica de las normas en función de los intereses involucrados, me expido por la procedencia, declarando la inaplicabilidad por inconstitucional de la Ordenanza N 5.403, declaración que sólo tiene alcance respecto de las partes litigantes y en orden a la presentación, ordenando en su consecuencia que la Municipalidad de Resistencia, -Consejo Delibertante – tome los recaudos necesarios para realizar la adecuación de la obra cuestionada a estudios de impacto ambiental conforme lo impone el art 38 inc 8) de la Constitución Provincial. …

c ) Esterilidad del Fallo:

Como también es de público conocimiento, el edificio , motivo de la acción referida, fue concluido; y actualmente, se encuentra ocupado en su mayoría.

En conclusión el fallo que pretendía detener, y/o impedir su construcción ha perdido eficacia, siendo estéril a los fines demandados; no así la declaración de inconstitucionalidad que, pese a haber sido cuidadoso el fallo en cuestión, al sostener que “…solo tiene alcance respecto de las partes litigantes y en orden a la presente acción …”, el mismo será aplicable a situaciones análogas que, eventualmente puedan plantearse.

Las cuestiones resarcitorias, y eventuales daños sufridos por la actora , no han formado parte de la resolución de la acción de amparo deducida, y, deberán ser discutidas por la vía procesal correspondiente.-

En conclusión el fallo en análisis, que ha provocado la paralización, o alarma en los copropietarios de los más de 15 emprendimientos privados similares que se encuentran en trámite en la ciudad capital, y que ha puesto en jaque al propio consejo de Arquitectos e Ingenieros, (cuyos comunicados fueron ampliamente publicados en Diario Norte), deja en claro que la ordenanza N- 5-403, es inconstitucionalidad con base en el art. 38 inc. 8 de la Constitución Provincial, por dos motivos centrales:

  1. “No reglamentar la “audiencia pública” que debe llevarse a cabo entre los vecinos.-
  2. No disponer la realización del dictamen previo sobre el “ impacto ambiental” que podrá producir la obra.

CONCLUSIONES:

Algunas de las consecuencias que puedo extraer del fallo en análisis, con repercusión directa no solo sobre los vecinos de esta capital, sino extensiva a todos los municipios de la provincia; son :

  1. Las obras edilicias en altura, iniciadas, o a iniciarse, deberán tener previsto que podrán sufrir las consecuencias del progreso de una acción de amparo, por no contar con el estudio del “impacto ambiental” previo. Va de suyo, que podrán ser paralizadas al dictarse el fallo acogiendo el amparo; aún contando con la documentación técnica debidamente aprobada por la Municipalidad respectiva .
  2. Los propietarios , o copropietarios, podrán ser responsables por los daños que reclamen los vecinos de la obra, con base en la inconstitucionalidad de la ordenanza 5.403, o la que corresponda al Municipio en que se encuentre ubicado el inmueble, sustentada en el art. 38 inc. 8 de la Constitución Provincial.-
  3. El ente Municipal , será responsable solidariamente, con los propietarios o copropietarios de las obras construidas, o a construirse, por los daños sufridos por los vecinos, por haber aprobado la documentación técnica violando el art 38 inc. 8) de la Constitución Provincial, incumpliendo los lineamentos fijados por el S.T.J.CH. en el fallo citado.

Es decir que las consecuencias civiles indemnizatorias provocadas a lo vecinos, en esta capital, por el defecto de la normativa vigente –lease Ordenanza 5.403-, al no prever el estudio del “ impacto ambiental”, como trámite previo a la autorización de la construcción, deberán ser soportadas por todos los contribuyentes del municipio capitalino.

Tal vez sea prudente que, a la brevedad, se reformen las normativas en crisis, adecuándoselas a las disposiciones previstas en nuestra Constitución Provincial, siguiendo el lineamiento impuesto por el Excmo Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

Esta sería la única alternativa cierta, de otorgar “seguridad jurídica” a toda persona, física o jurídica, que decida iniciar una obra en altura; evitando la tramitación de acciones judiciales en su contra que, seguramente, encontrarán acogida favorable por los fundamentos expuestos.

Asimismo, se evitaría que los vecinos nos veamos obligados a soportar las consecuencias dañosas que, eventualmente, puedan ser reclamadas por tales motivos.

Especial para Dario Norte.-

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